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Este lunes, 11 de febrero de 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE); firmaron un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para el control efectivo de la utilización de bienes y recursos públicos durante las Elecciones Seccionales 2019 y Elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El CNE, de acuerdo a la normativa legal vigente, tiene la potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en la campaña electoral ─que inició el pasado 05 de febrero y se extenderá hasta el 21 de marzo─; mientras que la CGE controla los recursos públicos para precautelar su uso efectivo. Ambas instituciones, en el marco de sus competencias, ejecutarán acciones de control que serán coordinadas a través de sus delegaciones provinciales, mediante la aplicación de un instructivo.

"Este instructivo es un instrumento que resalta la voluntad política de las autoridades de llevar adelante un control real y concreto, de promover el desarrollo de una campaña limpia, de propuestas" manifestó Diana Atamaint, presidenta del CNE, quien a su vez señaló que este trabajo mancomunado se realizará bajo dos mecanismos, que comprenden operativos de control y recepción de denuncias.

El CNE y la Contraloría nos comprometemos a implementar mediante este instructivo de acción conjunta actividades de control permanente durante la campaña electoral, precisó Pablo Celi, Contralor General del Estado, quien resaltó que es competencia de la CGE el control del uso de recursos públicos.

Durante esta jornada, en la que participaron Esthela Acero y José Cabrera, consejeros electorales, las autoridades de ambas instituciones recordaron a la ciudadanía, organizaciones sociales y políticas, que las denuncias sobre mal uso de recursos públicos se receptan a escala nacional a través de las delegaciones provinciales, y enfatizaron en que, durante el periodo de campaña electoral, las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias, salvo el caso de las excepciones determinadas en el Código de la Democracia.

 

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