En la clausura del encuentro denominado «El Impacto de la pandemia y las noticias falsas en los Procesos Electorales», que tuvo lugar este 16 y 17 de agosto, en Quito, representantes de instituciones electorales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron una Declaración con el objetivo de combatir –de manera conjunta– las noticias falsas y la desinformación, generadas alrededor, en y durante los procesos electorales. Además, en este marco, insistieron en preservar los principios fundamentales de la democracia y la libertad de expresión en la región.
Para llevar a cabo el objetivo de la declaración, los firmantes se proponen mantener la cooperación y asistencia recíproca para realizar acciones de asesoría técnica, capacitación y misiones de observación electoral; intercambiar información y experiencias; promover una efectiva participación política, sin dejar a nadie atrás; y asegurar un correcto manejo de la comunicación, especialmente en soportes digitales.
Entre los compromisos del encuentro, los participantes, reiteraron su intención en aplicar continuamente de las buenas prácticas regionales de verificación de la información (fact-checking) y acciones contra la desinformación, desde los órganos electorales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones estatales y privadas.
Asimismo, resaltaron el aporte indispensable de las nuevas tecnologías en los procesos electorales, principalmente, a través de la información, las comunicaciones y la automatización. Además, insisten en la oportuna respuesta por parte de los Estados y sus representantes, en la construcción de políticas públicas de comunicación en el contexto electoral y, de esa manera, promover una ciudadanía preparada ante la desinformación y especulación, considerando el impacto provocado por la pandemia u otros retos que se puedan presentar en un proceso electoral.
También reconocen la urgencia de desarrollar acciones, principalmente durante la temporada electoral, y de acuerdo con las competencias de cada firmante, frente a la presencia latente de la violencia política, especialmente por razones de género, pero también proveniente desde otras formas específicas de discriminación que pueda afectar a pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad, personas con diferente orientación sexual y otras minorías.
Adicionalmente, consideran que la libertad de expresión y el acceso universal a la información, es vital en los procesos electorales, por tanto apelan al ejercicio ético y responsable de periodistas, profesionales y medios de comunicación, así como de otros actores públicos y privados, sobre la verificación de los hechos y de los discursos políticos antes de su difusión. Finalmente, instan a los medios de comunicación y a otros proveedores de información, a la construcción de una educación integral a la ciudadanía, impulsando la toma de decisiones informadas en el desarrollo de comicios.
En la segunda jornada del encuentro se abordaron temáticas, como: «El futuro de la comunicación electoral y los retos del COVID-19»; «La violencia política de género y desinformación en medios digitales»; «Alfabetización informacional y mediática para la formación ciudadana y toma de decisiones informadas en democracia».
El encuentro se enmarca en el proyecto «Apoyo al Ciclo Electoral en Ecuador 2020-2022», que es una iniciativa del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en su implementación y el financiamiento de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de Suiza.
Además, contó con la participación de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ONU Mujeres, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, entre otros organismos especializados, quienes intercambiaron experiencias con representantes de los organismos electorales de Bolivia, México, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Brasil y Panamá.
