Ante la desinformación generada por varios medios de comunicación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ve en la necesidad de informar sobre la situación del exauditor Néstor Marroquín y responder a sus infundadas denuncias respecto a la veracidad del Registro Electoral.
El pasado viernes 14 de octubre, el señor Marroquín acudió a las oficinas del CNE para presentar una supuesta renuncia a las funciones de auditor del proceso electoral, que había venido ejerciendo como delegado del Movimiento Concertación. Lo hizo acompañado de un grupo de periodistas ante quienes argumentó que no quería continuar realizando su labor por las presuntas inconsistencias que encontró en el Registro Electoral.
Con estas acusaciones por demás irresponsables y sin fundamento, Marroquín ocultó la verdadera razón de la salida de sus funciones: su propia organización política lo descalificó para que siga ejerciendo como veedor.
El pasado 14 de septiembre, César Montúfar, presidente del Movimiento Concertación, envió un oficio al Ing. Diego Tello, Coordinador Técnico del CNE. Allí expuso lo siguiente: «En el marco de la convocatoria para el proceso de seguimiento y auditorías para las Elecciones Generales del 2017, pongo en su conocimiento que el ingeniero Néstor Napoléon Marroquín Cabrera, (…) no representará más a Concertación como Delegado Técnico ante el Consejo Nacional Electoral, ni podrá actuar en instancia alguna a nombre del Movimiento. Tan pronto como la organización designe a un nuevo técnico electoral enviaremos al CNE la información correspondiente para su acreditación».
Como dejamos constancia, este documento ingresó un mes antes de que Marroquín realizara un montaje de su supuesta renuncia ante los medios de comunicación que –en su mayoría– hicieron eco de tan irresponsable desinformación.
No conforme con ocultar un dato tan relevante, como lo es la decisión del Movimiento Concertación de descalificarlo como auditor, Marroquín hizo denuncias en contra del Registro Electoral por supuestas inconsistencias que, según él, alcanzan el 8%. Según dijo sin ningún fundamento técnico, hay personas que no deberían constar en el padrón porque han fallecido o porque no hay armonía con los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Al respecto, el CNE y sus autoridades rechazan de forma absoluta y tajante esas acusaciones que pretenden desconocer un proceso transparente y pulcro llevado a cabo con la base de datos entregada por el Registro Civil, la cual contó con la observación internacional del licenciado, Fausto Von Streber, Director de Informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay y el ingeniero, Ricardo Saavedra, Gerente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú, quienes verificaron la precisión del Registro Electoral. El Consejo Nacional Electoral se reserva el derecho de emprender acciones legales en contra del señor Marroquín.
Cabe recalcar que el Censo de Población tiene carácter estadístico. Es una fotografía fija del país en el momento de su realización y sirve para orientar la política pública y demás planes de desarrollo. Mientras que el Registro Electoral es elaborado por el Consejo Nacional Electoral con base en la información remitida por el Registro Civil de las personas ceduladas que se encuentren o no en el país. Se trata de un registro administrativo de carácter nominal, conforme lo dispone la ley. Por lo tanto: los datos del INEC y del Registro Electoral no son comparables.
A eso se suma –entre las acciones que sirvieron para pulir la base de datos– la campaña que el Registro Civil impulsó para constatar la supervivencia de personas mayores de 100 años de edad. Asimismo, es necesario reiterar que toda la información generada o presentada por los auditores acreditados de las organizaciones políticas que participaron en la primera auditoría al Registro Electoral, fue remitida al Registro Civil para su análisis y depuración, en los casos que fueran pertinentes. Esta institución tiene la competencia de la actualización de dichos datos; además, las cifras mostradas por el exauditor solo constituyen una hipótesis personal que tendría que ser demostrada y sustentada, como hasta la fecha no ha sucedido.
No es posible que Marroquín presente como supuesta inconsistencia que haya personas que tengan una cédula de ciudadanía expirada y que por ello, según él, no deberían ser parte del Registro Electoral ya que el hecho de que un ciudadano aun no haya renovado su documento de identidad, no es impedimento legal para ejercer el voto.
Exigimos que los medios de comunicación traten de forma responsable y contrastada, la información que difunden. En particular, los temas electorales que están siendo objeto de maliciosas acusaciones y denuncias sin sustento, que apuntan a desprestigiar a la institución, a sus autoridades y al proceso electoral 2017.
Este tipo de desinformaciones, más allá de la afectación institucional, atentan a la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en el respeto a sus votos. Ante ello, el CNE responderá y seguirá transparentando, en cada una de sus acciones, para se respete la voluntad de los electores.
