El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante sesión del Pleno electoral presidido por el Presidente, doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde; las Consejeras Ana Marcela Paredes, Luz Haro, Mónica Rodríguez; y, el Consejero Paúl Salazar, efectuada en la ciudad de Quito, el 13 de mayo de 2016, aceptó la petición del señor Edison Gelacio Mora Mora, procurador común del colectivo «Tejido Social de Guayaquil» y archivó la consulta popular solicitada por esta agrupación sobre las tarifas del transporte urbano en el Puerto Principal.
En días anteriores el organismo electoral cumplió con la presentación del plan operativo, cronograma, presupuesto, y convocatoria, para la realización de la Consulta Popular que, según lo planificado, tenía previsto realizarse el próximo día 10 de julio, acorde a los plazos establecidos en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas – Código de la Democracia. No obstante, el accionante, Gelacio Mora, consideró que no sería necesario continuar con este proceso, dadas las circunstancias coyunturales que atraviesa el país.
Cabe recordar como antecedentes, el 11 de mayo de 2016 el CNE recibió el oficio de Gelacio Mora en el que expresa su criterio de no continuar con la consulta popular. En la misma fecha, el órgano electoral corrió traslado de la petición a la Corte Constitucional para que establezca el procedimiento a seguir frente al pedido del proponente.
El 12 de mayo, la CC notifica al CNE ratificando las competencias del órgano electoral para que conozca el petitorio y en virtud de dicho pronunciamiento, el CNE ha procedió aceptar la solicitud del procurador común del colectivo, en sesión de plenaria.
De esta forma, el organismo electoral cumplió con los plazos establecidos en la ley para la consecución de la Consulta Popular, sin embargo, en virtud de lo expuesto, y en su potestad de resolver en el ámbito administrativo los asuntos de su competencia, el CNE resolvió la no continuidad del mecanismo de democracia directa.
De esta manera se destaca la participación y organización política de la ciudadanía que, a través de estas iniciativas, hace ejercicio de sus derechos políticos y contribuye al fortalecimiento de la democracia.
El titular del CNE señaló que «esta resolución se toma amparada en marco de nuestras competencias establecidas en la Constitución, Código de la Democracia, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el Reglamento para el ejercicio de la Democracia Directa y demás leyes».
Finalmente en referencia al presupuesto, indicó que ningún valor ha sido transferido al CNE para la ejecución de la consulta en la fase previa. Todo lo que se ha venido erogando en gastos, como la convocatoria y preparación han sido con recursos propios, afirmó Pozo.
