Proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Asamblea Nacional o frente a cualquier otro nivel de gobierno, por medio de una iniciativa popular normativa es uno de los mecanismos de participación ciudadana que contempla el Código de la Democracia.
Sobre este ámbito expuso la consejera Nacional Electoral Roxana Silva en una reciente reunión con el gremio de taxistas ejecutivos del Ecuador. La consejera Silva acudió a este evento en representación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dictar una conferencia sobre los elementos normativos vinculados con la democracia directa, tanto en el marco constitucional así como de la legislación electoral.
Ahora sí «podremos informar a la ciudadanía» con precisión, aseguró Mario Chiliagano luego de escuchar la conferencia sobre los derechos constitucionales de participación ciudadana y los mecanismos establecidos en el Código de la Democracia para cristalizar las iniciativas populares que buscan aportar en el desarrollo de políticas públicas en diferentes niveles de gobierno.
Chiliagano forma parte de una de las filiales provinciales de la Unión Nacional de Taxis Ejecutivos del Ecuador (UNATEC), quien junto a más de 30 ciudadanos líderes provinciales del gremio se dieron cita en la sede de esta organización, ubicada en la ciudad de Quito, este jueves 30 de julio, para conocer detalles de la legislación nacional sobre los derechos de participación ciudadana.
Durante este encuentro, la autoridad electoral citó el art. 103 de la Constitución de la República, en el cual se garantiza como un derecho de participación de la ciudadanía frente al Estado la iniciativa popular normativa para crear, reformar o derogar una ley u ordenanza con un respaldo no inferior del 0,25% de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente jurisdicción, disposición constitucional normada por el Código de la Democracia en los artículos 193 y 194.
En ese escenario, la consejera Silva ilustró que si una propuesta de iniciativa popular normativa tendría alcance a nivel provincial, si fuera el caso, por ejemplo, de la provincia de Pichincha, el 0,25% de firmas requeridas para impulsarla representan 5.293, porque el padrón de electores de esta Provincia es de 2’117.734. De ser Guayas las firmas necesarias son 7.163, al ser los votantes 2’865.319; o en Azuay, 1.522 firmas, porque el registro de electores asciende a 608.766
Durante la exposición, se puntualizó también que a partir «de la notificación a la Asamblea Nacional o a la instancia respectiva empezará a correr el plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta de iniciativa popular normativa; si no lo hiciere, entrará en vigencia la propuesta», según el Art. 194 del Código de la Democracia.
Los asistentes al evento felicitaron a la consejera Silva por su disposición para explicar la legislación electoral, pues aseguraron que desconocían de esos procedimientos institucionales.
Por su parte, Silva se comprometió a gestionar al interior del organismo electoral más encuentros de capacitación para que la ciudadanía esté informada sobre los alcances de la legislación electoral ecuatoriana.
Anita Arcos, asesora jurídica de la UNATEC, confirmó la colaboración de los más de 2500 taxistas afiliados a esta organización frente a las iniciativas del CNE por capacitar a la ciudadanía en temáticas de participación ciudadana y legislación electoral; mientras los representantes de los filiales que asistieron al evento acordaron con el equipo técnico de la consejera Roxana Silva nuevos talleres de trabajo en las 12 provincias del país donde están presentes.
Entre esas provincias están Bolívar, Tungurahua, Orellana, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi, Zamora, Napo, Morona Santiago y Carchi.
Al finalizar el evento, Mario Chiliagano se mostró optimista para informar a la ciudadanía sobre los temas expuestos por la autoridad electoral, pues luego de la capacitación recibida podrán responder inquietudes a sus pasajeros sobre temas electorales.
