Una vez que se cumplieron las legalidades formales establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Democracia para Consulta Popular, tanto de la Corte Constitucional, como el Decreto Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), inició la planificación operativa para el desarrollo de este proceso en el que se les consultará a los ecuatorianos/as sobre los paraísos fiscales.
Mediante dictamen número 003-16-DPC_CC del 15 de noviembre de 2016, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del proyecto de convocatoria a Consulta Popular, propuesta por el Presidente de la República, Rafael Correa. Emitido el segundo paso, que es el Decreto 1269 por parte del Ejecutivo, el CNE efectuará la respectiva convocatoria.
El Presidente del organismo electoral, doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde, informó en rueda de prensa, que cumplidos los procedimientos y remitido el texto con la pregunta, el CNE convocará a Consulta Popular. «En el marco que establece la Ley, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para realizar la convocatoria, posteriormente tendrá 60 días para efectuar el proceso», acotó el titular del ente rector del sufragio.
Se ha oficializado a las áreas técnicas, jurídicas y operativas para que preparen lo que le compete al órgano electoral, esto es: Plan operativo, presupuesto, calendario y todos los detalles que conlleva el proceso eleccionario.
«Este viernes 9 de diciembre, en la ciudad de Guayaquil, se presentará ante el Pleno del CNE el Plan Operativo de la Consulta Popular», anunció la máxima autoridad electoral.
Asimismo, enfatizó que la Consulta Popular no alterará el proceso electoral del 19 de febrero de 2017; es decir, ninguna de las fechas serán modificadas. El CNE garantizará la realización de este ejercicio de democracia directa.
«Una vez aprobada la normativa que regirá la Consulta, se abrirá un espacio para que se registren las organizaciones políticas y sociales, quienes promocionarán una de las dos opciones, tanto el SI, como el NO, y, deberán cumplir requisitos para su registro», mencionó el titular del organismo.
Juan Pablo Pozo, aclaró que los montos del límite de gasto y de promoción electoral serán los mismos para las dos opciones, sin depender el número de organizaciones aprobadas. Esto, con el fin de precautelar el principio de equidad, aseguró.
Por otro lado, agregó que para la Consulta, sufragarán los mismos electores habilitados para las Elecciones Generales de febrero de 2017; es decir, 12.816.698 personas dentro y fuera del país.
La pregunta de la consulta remitida por Decreto Ejecutivo es la siguiente:
¿Está usted de acuerdo en que, para desempañar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?
Si
No
