Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mantuvieron una reunión de trabajo para articular la propuesta final de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. El documento final, elaborado y revisado por las dos instituciones que conforman la Función Electoral, será entregado a la Asamblea Nacional en los próximos días.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, recordó que las dificultades que se presentaron en los pasados comicios responden a vacíos legales del Código de la Democracia. Por este motivo, considera fundamental que la Función Electoral presente una propuesta que busque solventar problemas, como: la violencia política en contra de las mujeres, mejor control de fondos de campaña, financiamiento de las organizaciones políticas, resolución de recursos legales en las diferentes etapas del proceso, entre otros.
En este marco, expresó su reconocimiento a las iniciativas de los consejeros y magistrados de la Función Electoral, que serán consolidadas en un solo documento que se presentará al Legislativo para su pronto tratamiento. «Haremos todos los esfuerzos para que la Asamblea Nacional tenga la apertura de abordar las reformas electorales en el menor tiempo posible», resaltó.
Asimismo, el consejero Luis Verdesoto reiteró su disposición para colaborar en la discusión y consolidación de las propuestas. Por su parte, el consejero José Cabrera propuso trazar una hoja de ruta para analizar las diferentes iniciativas que se han presentado, para obtener un documento final que permita fortalecer la democracia en el país.
En representación del TCE, su titular, Arturo Cabrera, destacó la oportunidad para trabajar en una sola propuesta de reformas que recoja las experiencias de pasados procesos electorales. En este ámbito, presentó un análisis comparativo de las diferentes iniciativas, incluida aquella recogida en el informe para segundo debate que reposa en el Legislativo. «El tratamiento y aprobación del documento final que presente la Función Electoral es también responsabilidad de las organizaciones políticas».
Entre las propuestas, se analizó la estandarización de plazos para la resolución de recursos legales en el campo administrativo y jurisprudencial, de tal manera que éstos no afecten la consecución del cronograma electoral. También se analizaron aspectos, como: actos de violencia política, la participación de los candidatos en foros y debates antes de una elección, cambios de domicilio electoral, entre otros. De esta manera, se aspira coordinar acciones para garantizar que los derechos de participación política se cumplan a cabalidad.
