El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que los bienes de las organizaciones políticas a las que eliminó de su registro electoral deberán regresar al Estado. Domingo Paredes, presidente del CNE señaló que «la infraestructura de estas agrupaciones se constituye en un bien público. El retiro de las 24 agrupaciones políticas se dio por no cumplir con los requisitos que exigen la Constitución y la Ley para mantener su personería jurídica».
Se les ha notificado la pérdida de la reserva de nombre, número y símbolo debido a que no cumplieron el precepto Constitucional y de la Ley Electoral (Código de la Democracia), por lo que deberán iniciar nuevamente su trámite de inscripción.
El Código de la Democracia, en su artículo 327, establece que «los bienes inmuebles de las organizaciones políticas que pierden su registro electoral pasarán a ser administrados por el CNE, en razón de que dichos bienes pertenecen al Fondo Partidario, de conformidad con el inciso final».
De esta manera, aclaró que «ante cierto ruido negativo por parte de algunos representantes de agrupaciones políticas que indican que se pretende atentar contra los bienes de los mismos, no tienen fundamento legal, social y técnico.
La Constitución de la República, sección quinta, artículo 108, dispone «que los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y constituirán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias».
Sin embargo, manifestó que estas organizaciones políticas tendrán la facultad de impugnar al Tribunal Contencioso Electoral, como última instancia. Hemos actuado respetando el debido proceso y derecho, acotó Paredes.
Además, anunció que tanto a ellos, como a todos los partidos y movimientos que recibieron recursos del fondo partidario se les realizará una auditoría en la que participarán la Controlaría y Fiscalía. Esto, porque en uno de los casos se encontraron gastos irregulares hechos con esos recursos. «Para operaciones quirúrgicas, medicinas, uso personal y depósito en cuentas particulares de dirigentes políticos».
