El Consejo Nacional Electoral mantiene abierta la investigación sobre los recursos de campaña utilizados por el movimiento Alianza PAIS, listas 35, para las campañas de 2013 y 2014. Así lo explicó la presidenta del órgano electoral Diana Atamaint en una rueda de prensa mantenida este 7 de junio. Por tal motivo, la indagación se lleva a cabo por el período entre 2012 y 2016.
La autoridad electoral explicó que el 8 de mayo pasado, el Pleno de la institución resolvió conformar un equipo técnico para dar seguimiento a la investigación respecto del llamado caso «Arroz Verde 502». También indicó que las direcciones nacionales de Asesoría Jurídica y de Fiscalización y Control del Gasto Electoral están recopilando la información pertinente, y que se ha solicitado a Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de esa organización política, facilite los estados de cuenta del movimiento, así como el desglose de los aportes de campaña recibidos.
Por otro lado, afirmó que es falso que el CNE haya informado que no se va a fiscalizar a laorganización política y dijo que las investigaciones para transparentar los movimientos financieros y los informes aprobados por el CNE en esa época están en proceso.
La presidenta Atamaint aseguró, además, que el CNE solicitó a BanEcuador remita la información de las cuentas de Alianza PAÍS, pues fue allí donde las organizaciones políticas gestionaron sus cuentas para la campaña electoral. Además, respecto de las elecciones seccionales de 2014, se deben revisar las cuentas provinciales del movimiento, porque en ese proceso electoral, cada dirección provincial de la tienda política manejó una cuenta diferente.
La indagación emprendida por la entidad contempla los movimientos financieros de Alianza PAIS en 2013 y 2014, pues fue ese el período de investigación aprobada en la sesión del Pleno. Por ese motivo, la presidenta del CNE dijo que solicitará al cuerpo colegiado, en la próxima sesión, que se amplíe el período investigativo hasta las elecciones nacionales de 2017. Además, dijo que aunque los sucesos anteriores a cinco años no son posibles de fiscalizar, según determina la ley, de existir documentación, esta será revisada para conocimiento de la ciudadanía.
